La Defensoría del Pueblo y la Diócesis de El Alto emitieron este viernes un pronunciamiento conjunto en el que expresan su preocupación por el impacto humano, económico y social de los bloqueos y la conflictividad que se vive en distintas regiones del país, especialmente en La Paz.

La Defensoría del Pueblo y la Diócesis de El Alto expresaron su “preocupación por el impacto humano, económico y social” provocado por la conflictividad social y los bloqueos que persisten en distintas regiones de Bolivia, especialmente en el departamento de La Paz.

En un pronunciamiento conjunto, ambas instituciones exhortaron “a todos los actores involucrados a actuar con responsabilidad, sensibilidad y vocación democrática”, al advertir que la crisis está afectando a “miles de familias bolivianas”.

La Defensoría y la Diócesis reconocieron que “toda persona y sector social tiene derecho a expresar sus demandas y reivindicaciones dentro del marco constitucional”, pero remarcaron que “ninguna medida de presión debe poner en riesgo derechos esenciales como el acceso a la salud, la alimentación, la integridad personal y la libre circulación de la población”.

Corredores humanitarios

El pronunciamiento alerta que “muchas comunidades enfrentan dificultades para recibir alimentos y medicamentos”, mientras que productores no pueden trasladar sus cosechas y pacientes y personal médico encuentran obstáculos para movilizarse. Además, señalaron que numerosas familias viven “en condiciones de incertidumbre y angustia”.

Ante este escenario, ambas instituciones hicieron “un llamado urgente” a los sectores movilizados para “permitir corredores humanitarios y garantizar el paso irrestricto de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible”.

También pidieron a las autoridades estatales “promover espacios de diálogo efectivos y soluciones pacíficas, evitando toda acción que agrave la confrontación y la crisis económica”.

El pronunciamiento exhortó además a los líderes políticos y sociales a “actuar con prudencia y evitar discursos que incentiven la violencia o profundicen la división malsana entre bolivianas y bolivianos”.

La Defensoría del Pueblo y la Diócesis de El Alto recordaron el principio “ivi maradi” contenido en el Artículo 8 de la Constitución Política del Estado, definido como “la tierra sin mal”, “que se construye cuando ningún boliviano le hace el mal a otro boliviano, bajo ningún motivo y circunstancia”.

Finalmente, ambas instituciones afirmaron que “ninguna diferencia política o sectorial puede estar por encima de la vida, la salud y la convivencia pacífica” y sostuvieron que “la paz no es ausencia de demandas, sino la capacidad de resolverlas mediante el diálogo razonado y la búsqueda del bien común”.

Pronunciamiento Conjunto Defensoria Del Pueblo y Diocesis El Alto by congrezoo.pe