SUMANDO VOCES.- Hoy que el país ingresa a la quinta semana de bloqueos, con posturas radicalizadas y discursos de odio y violencia propagados en el espacio público, el defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, alertó que Bolivia se enfrenta a una situación cuyos efectos adversos podrían resultar “irreversibles”.

“Creo que hay que asumir en toda su intensidad lo que está sucediendo. Estamos al borde de una situación que puede provocar daños irreversibles para la sociedad bolivianas. Y frente a esto, opciones que no sean las dialogadas, no son una salda”, advirtió en conferencia de prensa.

En esa línea, indicó que tanto la Defensoría como la Iglesia Católica insisten y seguirán insistiendo en una salida concertada por la vía del diálogo. Precisó que ambas entidades sostienen diversos encuentros con las partes en conflicto, tanto del Gobierno como de los sectores movilizados, para propiciar un acercamiento.

“Hay que reconstruir confianza y consensos previos para avanzar en un posible diálogo”, añadió.

A través suyo, la oficina defensorial, expresó su preocupación por el incremento de la violencia en medio de la conflictividad. «El conflicto está generando mayor polarización con discursos radicales, de odio y discriminación que colocan a la población es una situación de alta incertidumbre. La violencia no genera soluciones, cuando el diálogo se debilita aumenta el riesgo de la confrontación”, manifestó.

De igual manera se refirió a los peligros que conlleva la difusión de contenidos desinformantes en el actual contexto, que “lo único que hacen es profundizar brechas que no son de ahora”.

Protestas no pueden poner en riesgo a terceros

Según Callizaya, el uso de la fuerza resultaría contraproducente, por lo que volvió a convocar a un diálogo «honesto». En ese sentido, recordó a los manifestantes que, si bien el derecho a la protesta es legal y legítimo, “esta no puede poner en riesgo a terceros, debe ejercerse en armonía con los derechos de todos”.

Asimismo, demandó de las autoridades, garantizar la atención de las demandas de los sectores sociales y “evitar respuestas desproporcionadas”, para que cualquier acción se enmarque en la normativa vigente.

“La fuerza no es la opción en este momento. Tenemos en la historia reciente hechos de alta violencia que deben enseñarnos que la única vía es sentarnos (a dialogar) con sinceridad. Tanto el Gobierno como los movilizados tienen la misma responsabilidad de resolver esta situación”, afirmó.

Fuente: SUMANDO VOCES