La investigación en Bolivia sigue su curso, se tomaron declaraciones a ocho personas y se incautó información obtenida de la oficina del juez del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure, asesinado el 30 de abril por la noche.
Víctor Hugo Claure fue asesinado cuando terminaba el último día de abril. Era magistrado del Tribunal Agroambiental de Bolivia y tenía un rol activo en la institución. Entre sus últimos casos, firmó resoluciones contra la minería ilegal, incendios forestales y los avasallamientos o invasiones de tierras. Además, impulsó la pausa ecológica y la protección del jaguar. El proceso de investigación sobre su homicidio ingresó en una etapa de reserva y ya hay cuatro detenidos. La hipótesis central del asesinato sigue girando en torno al conflicto por tierras.
Claure fue interceptado cerca de la medianoche del 30 de abril por dos hombres en una motocicleta en un barrio residencial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Uno de los atacantes bajó del vehículo y le disparó. Luego, huyó con su cómplice, según quedó registrado en cámaras de seguridad. De acuerdo con la investigación, otros dos hombres motorizados iban en una segunda motocicleta y una vagoneta que estaba haciendo el seguimiento al magistrado.
El informe forense confirmó que Claure recibió cuatro impactos de bala que le provocaron un shock hipovolémico. Según la Policía Boliviana, la mecánica del hecho –ataque directo y fuga inmediata– coincide con patrones de sicariato, un elemento que intensificó la preocupación de autoridades e instituciones.
“El hecho está más relacionado con el tipo de trabajo que el magistrado [Claure] hacía. Es importantísimo revisar los fallos que firmó, las líneas que él estaba teniendo, principalmente sobre temas ambientales, como la tierra, bonos de carbono; es decir, no creo que sea un tema de narcotráfico, sino que es un tema más vinculado a algunas decisiones que él ha tomado de acuerdo al cargo que ejercía”, explicó a Mongabay Latam Gabriela Reyes, criminóloga boliviana.
Claure firmó en diciembre de 2025 el fallo que ordena suspender la minería ilegal en el río Madre de Dios, al cual reconoció como sujeto colectivo de derechos. Además, señaló directamente al extinto Ministerio de Medio Ambiente y Agua y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) como responsables de supuestamente encubrir la crítica situación que atraviesa esta zona de la Amazonía boliviana debido a la intensificación de mineros ilegales y posible contaminación y deforestación.
Incluso, Claure fue parte de la inspección que realizó el Tribunal Agroambiental al río Madre de Dios, donde se comprobó la presencia de balsas de mineros que operan fuera norma para extraer oro del cuerpo de agua.
Sobre las resoluciones por conflicto de tierras, Claure firmó documentos contra los avasallamientos o invasiones de tierras, sobre todo en el departamento de Santa Cruz. En esas decisiones se establece el respeto a la propiedad privada y a las tierras fiscales. Al respecto, el comandante de la Policía en Santa Cruz, coronel David Gómez, insistió en que la hipótesis central del asesinato gira en torno a las decisiones del juez sobre el conflicto de tierras.
El jefe policial evitó mayores conclusiones o vincular los hechos violentos con organizaciones criminales o la reestructuración del narcotráfico en esta zona del país tras la captura de Sebastián Marset, narco uruguayo que fue capturado en Santa Cruz de la Sierra el 13 de marzo y luego extraditado a Estados Unidos.
“Todo el mundo está relacionando todo y no es así. Uno piensa que todo está relacionado y es una obra del delito organizado, pero a veces son circunstancias distintas”, agregó Gómez. En Santa Cruz de la Sierra se vive una ola de asesinatos bajo la modalidad de sicariato: en los últimos diez días hubo ocho fallecidos, la mayoría vinculados a temas de narcotráfico, según medios bolivianos.
Conflicto de tierras
En Bolivia, el conflicto por tierras escaló de manera progresiva cobrando algunas muertes. Existen casos sobre todo en Santa Cruz, donde avasalladores (invasores) se adueñan de predios privados o fiscales. Debido a ese conflicto, los dueños de esas tierras defienden su propiedad, llegando a la Justicia y también a la muerte. El año pasado, dos personas fallecieron por una disputa de un terreno en Santa Cruz.
Mongabay Latam accedió a fuentes que llevan adelante la investigación sobre el asesinato de Claure. Estas informaron que se tomaron declaraciones a ocho personas, se realizó un allanamiento a las oficinas del magistrado en la ciudad de Sucre y se revisaron cámaras de seguridad que registraron el recorrido de Claure hasta el lugar donde lo asesinaron.
Además, se aprehendieron a cuatro personas y el proceso se declaró en reserva durante diez días, debido a la complejidad del caso. La fiscal Yolanda Aguilera, cabeza de la investigación, informó que una de las personas capturadas tiene “relación directa con la muerte del magistrado”, mientras que las otras tres habrían tenido un rol de colaboración o complicidad dentro de los hechos investigados.
“Una de las personas tiene relación directa con la muerte del magistrado. Los demás tienen una participación accesoria y también están siendo investigados por la Unidad de Sustancias Controladas”, declaró Aguilera en conferencia de prensa.
Las indagaciones señalan que estos primeros aprehendidos tuvieron la misión de hacer seguimiento de los movimientos del magistrado para pasar de inmediato el dato a los sicarios que iban a ejecutarlo. Sin embargo, los verdaderos autores materiales aún no fueron identificados, pero hay pistas para su detención, dijo Aguilera.
Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y las fiscales Yolanda Aguilera y Rose María Barrientos viajaron hasta Sucre. Los investigadores ingresaron al despacho del magistrado, secuestraron documentos, computadoras, discos duros y, además, recibieron declaraciones de funcionarios judiciales.
En Santa Cruz de la Sierra también se tomaron declaraciones a funcionarios judiciales y personas del entorno del magistrado, además de personas que estuvieron en el patio de comidas donde compartió una cena la noche de su muerte. La Fiscalía evitó revelar mayores detalles sobre los indicios.
Claure fue elegido como magistrado del Tribunal Agroambiental en las elecciones judiciales de 2024. Por su trayectoria y antigüedad, fue designado como decano de la institución. Un decano en Bolivia es el segundo al mando después del presidente o presidenta de un tribunal. Sus funciones incluyen la supervisión institucional, monitoreo de juzgados agroambientales y apoyo en la labor jurisdiccional.
Este tribunal cumple un rol central en el cuidado del medioambiente en el país: sus jueces intervienen en casos como la minería ilegal, incendios y especies emblemáticas como el jaguar, como viene informando Mongabay Latam.
El magistrado nació en el municipio de Tiraque, en el área rural del departamento de Cochabamba. En esa localidad, se desempeñó como abogado hasta que llegó a ser parte de la Alcaldía de Tiraque como responsable jurídico entre 2005 y 2007. Luego, ejerció funciones en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) desde 2007 hasta 2020, llegando a ser director departamental de esa instancia en Cochabamba.
Pedido de detención
La Fiscalía de Bolivia adelantó que solicitará la detención preventiva del principal investigado, quien será procesado por el presunto delito de complicidad en asesinato y portación ilícita de armas de fuego, mientras se amplían las diligencias para esclarecer completamente este hecho. Según explicó a Mongabay Latam una fuente fiscal, esta persona, que es parte de los cuatro aprehendidos, fue el encargado de coordinar con los sicarios el asesinato de Claure.
El sospechoso habría realizado seguimiento al magistrado durante el día de su asesinato fallecimiento y cuando Claure se retiró del restaurante comunicó a los sicarios que el juez iba en un taxi hacia un condominio. Los sicarios lo siguieron y ejecutaron el hecho. “Esta persona es pieza clave de la investigación para dar con los autores materiales, que serían extranjeros”, dijo la fuente.
“Las investigaciones continúan, se está realizando todo lo necesario no solamente para descubrir la verdad histórica y material de los hechos, sino dar con los autores”, añadió la fuente consultada.
En una audiencia cautelar realizada el viernes por la noche, la Justicia boliviana decidió enviar al sospechoso principal por 120 días (mientras dure la investigación) al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz. También estableció la libertad para las otras tres personas. El abogado del detenido, Antonio Rodríguez, afirmó que su cliente fue vinculado al caso únicamente por un código QR de una billetera digital, presuntamente usada por terceros para realizar pagos antes del crimen.
“El Ministerio Público lo imputa por complicidad, pero no existe ningún elemento que lo relacione directamente con el asesinato. Solo lo vinculan por un QR que habría sido abierto usando su identidad”, sostuvo el abogado defensor ante los medios.
Según explicó el letrado, su cliente es músico y anteriormente denunció la pérdida de su cédula de identidad, situación que -aseguró- habría sido aprovechada para crear una cuenta digital utilizada por los sicarios. “Mi cliente no hizo ningún pago. En audiencia se mostró que las personas que realizaron el pedido y el pago tenían el teléfono en su poder. Él no conoce a los sicarios ni tiene ningún motivo para participar en este hecho”, afirmó.
Mientras, el comandante general de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol, informó que se logró identificar la cantidad de vehículos que aparentemente fueron utilizados el día del hecho. “Se está haciendo el seguimiento a las cámaras, tenemos los datos de los vehículos que habrían participado, una furgoneta, dos motocicletas. Todavía hay algunos elementos que tenemos que validar, pero la investigación continúa y esperamos que en las próximas horas tengamos mayores elementos de convicción sobre este caso”, dijo el jefe policial.
- Este reportaje fue publicado originalmente en el portal Mongabay Latam.
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