«La sociedad civil organizada no es un ‘negocio’, es el ejercicio vivo de la ciudadanía. Nuestra independencia es la garantía de que el poder respete los derechos».

Mediante un pronunciamiento conjunto, 67 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Bolivia expresaron su preocupación por lo que consideran una “escalada de estigmatización y amenazas” de parte de actores políticos y gubernamentales. En ese marco, las instituciones reafirman su rol histórico como garantes de la democracia, defensoras de derechos y actores de desarrollo.

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El documento surge cuando indígenas y campesinos demandan la abrogación de la Ley 1720, de reconversión agraria, un hecho usado para deslegitimar la labor de las OSC. Según el documento, los ataques no son aislados, sino “una práctica recurrente” que incluye intentos de criminalización económica y la imposición de restricciones, como sucedió en 2013 con la Ley 351 (de otorgación de personalidades jurídicas) y las recientes amenazas en torno al debate de la Ley 1720.

«No somos el enemigo»

Las organizaciones subrayan que su trabajo no es «circunstancial» ni «tutelar». Por el contrario, destacan su labor horizontal con sectores vulnerables y su contribución histórica al fortalecimiento de los derechos humanos y la transparencia.

«La sociedad civil organizada no es un ‘negocio’, es el ejercicio vivo de la ciudadanía. Nuestra independencia es la garantía de que el poder respete los derechos», señala el comunicado.

Destacan que no son “meras ejecutoras de proyectos”, sino protagonistas políticas del cambio a través de la defensa de los derechos humanos, la promoción del diálogo, la eficacia del desarrollo y la vigencia de normas democráticas.

Exigencias al Estado

Ante el riesgo que corren las entidades defensoras de derechos, plantean tres demandas urgentes: el cese inmediato de la estigmatización y descalificación de su labor; garantías reales para un entorno seguro que respete las libertades de asociación y expresión; y la apertura de un diálogo democrático y plural sobre cualquier normativa que afecte a la sociedad civil, bajo estándares internacionales de derechos humanos.

El pronunciamiento concluye con un llamado a la opinión pública nacional e internacional para mantenerse alerta ante estas señales de retroceso democrático, reafirmando que su compromiso permanece con la inclusión, la justicia y el bienestar de los sectores más vulnerables de Bolivia.