Los trabajadores a cargo de custodiar las áreas naturales protegidas solicitaron al Presidente una audiencia para el 31 de julio, cuando se celebra el Día Internacional del Guardaparque.
Los reclamos y pedidos de mejoras son continuos. Los guardaparques de Bolivia volvieron a pedir una audiencia al presidente Rodrigo Paz a través de su organización para expresarle los reclamos que se resuelven desde hace al menos cinco años: buscan estabilidad laboral, mejoras salariales, más equipos, mejores condiciones para realizar su trabajo y respaldo institucional. Además, quieren presentar al mandatario boliviano un proyecto para fortalecer el control y la protección de las áreas protegidas.
Los guardaparques en Bolivia son alrededor de 300, que custodian 23 áreas protegidas nacionales. Ellos protegen el 15.5 % de todo el territorio del país y su función es alertar ante amenazas como la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de fauna silvestre, narcotráfico, incendios forestales y avasallamientos o invasiones de las áreas bajo su cuidado. La mayoría de los guardaparques trabaja con contratos temporales y sin beneficios laborales, según detalló a Mongabay Latam Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC).
“Los guardaparques no estamos haciendo una petición únicamente para nuestro sector. Somos los cuidadores de uno de los tesoros más importantes que tiene Bolivia: sus áreas protegidas, su biodiversidad y los servicios ambientales que sostienen la vida”, dice la carta pública enviada a Paz. En esa misiva, los guardaparques resaltan que cumplen una función esencial para la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural de Bolivia.

La principal solicitud de la organización es la creación gradual de ítems (contratos con beneficios sociales) financiados por el Tesoro General de la Nación (TGN) para el personal eventual. Según Uzquiano, cerca del 60 % trabaja bajo contratos eventuales, pese a que algunos llevan entre 15 y 20 años desempeñando las mismas funciones.
“Queremos que estos compañeros puedan acceder de manera gradual a ítems permanentes [contratos con beneficios sociales]. No es una demanda nueva, la venimos planteando desde hace más de una década”, recordó Uzquiano.
ABOLAC plantea una nivelación salarial para el sector, argumentando que los ingresos de los guardaparques perdieron poder adquisitivo debido al incremento del costo de vida y la crisis económica que atraviesa Bolivia. Uzquiano dijo que se trata de uno de los sectores con menores remuneraciones dentro de la Administración pública, pese a las responsabilidades que asumen en la protección de la biodiversidad.
Reclaman por mejoras salariales
Un guardaparque de una reserva nacional en la Chiquitania reveló que su salario es de unos 4000 bolivianos, lo que equivale a 400 dólares con el actual tipo de cambio flexible que dispuso el Gobierno. El trabajador, que prefirió reservar su identidad, dijo que ese monto no le alcanza para sostener a su familia, que está compuesta por cuatro personas. Además, afirmó que para cumplir su labor no tiene equipos modernos ni suministros.
“Ahora, que vivimos esta crisis económica, todo subió de precio y es difícil mantener a la familia. Además, no tenemos gasolina para movilizarnos y muchos menos equipos para realizar nuestro trabajo. Le digo con mucha pena que hasta las mafias tienen mejores equipos que nosotros. Ellos tienen teléfonos satelitales, drones y demás”, lamentó el guardaparque.

La fuente también relató que los guardaparques tienen un seguro de salud “muy precario” y que parte de su salario lo gastan en los campamentos donde residen. “No estamos pidiendo mucho, ya que lo que exigimos es lo justo, como un seguro de vida adecuado, mejores servicios de salud, infraestructura para los campamentos, equipamiento y programas permanentes de capacitación”, dijo.
Uzquiano añadió que solicitan una audiencia al presidente Paz para el 31 de julio, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Guardaparque. “No somos gente de conflicto. Queremos que el Presidente nos escuche, que conozca quiénes somos y entienda la responsabilidad que tenemos sobre nuestras espaldas. Tal vez no tenga una solución inmediata, pero sí puede instruir que este tema empiece a resolverse”, afirmó.
El dirigente explicó que los cambios dependen del Gobierno boliviano porque implica decisiones presupuestarias que exceden las competencias del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).
Celso Aguilar, quien trabaja en el Parque Nacional Torotoro, explicó las dificultades económicas que enfrentan a diario. En esa área protegida trabajan ocho guardaparques, entre personal permanente y eventual, bajo un sistema de 20 días continuos de trabajo en campamentos y 10 días de descanso.
“Nuestro salario ronda los 3500 bolivianos y actualmente ya no alcanza. Los alimentos, el combustible y el transporte han subido considerablemente y muchas familias ya no pueden mantener el mismo ritmo de vida”, relató al medio Portal Verde.

Aguilar explicó que gran parte de los campamentos fueron construidos entre 2008 y 2009 y presentan un importante deterioro. “Tratamos de mantenerlos con nuestro propio trabajo porque los recursos son limitados”, comentó.
Además de las tareas de conservación, los guardaparques desarrollan labores de control turístico, monitoreo ambiental, atención a visitantes y protección del patrimonio paleontológico que caracteriza a Torotoro, reconocido por albergar uno de los conjuntos de huellas de dinosaurios más importantes del mundo.
El guardaparque también señaló que los recientes bloqueos afectaron severamente la actividad turística en el parque. «En 2023 recibimos alrededor de 30 000 visitantes; el año pasado fueron cerca de 22 000 y este año el flujo cayó prácticamente a cero durante los bloqueos. Recién estamos comenzando a recuperarnos», explicó.
Para Uzquiano, fortalecer las condiciones de trabajo de los guardaparques no constituye únicamente una reivindicación laboral. Significa fortalecer la capacidad del país para conservar la biodiversidad, proteger las fuentes de agua, sostener el turismo de naturaleza y enfrentar amenazas cada vez mayores sobre uno de los patrimonios naturales más importantes de Bolivia, aseguró en la carta al Presidente.
Por ahora, sin cambios
Cecilia Miranda, directora del SERNAP, afirmó a Mongabay Latam que, por ahora, no es posible mejorar los salarios de los guardaparques ni aumentar personal debido a la limitante del presupuesto estatal, pero dijo que trabajará para que las propias áreas protegidas sean autosostenibles para que se pueda mejorar la economía del SERNAP.
Según Miranda, un área protegida puede ser autosostenible generando sus propios recursos económicos, sobre todo a través del turismo y el trabajo con comunidades que habitan al interior de las reservas. La funcionaria dijo que se trabaja con aliados y la cooperación para lograr esa meta.
Miranda aseguró que también busca herramientas para enfrentar las amenazas que resisten las reservas, como la minería ilegal, el narcotráfico, los avasallamientos o el comercio ilegal de maderas preciosas.
“En el tema de los guardaparques, estamos con una situación de 300 guardaparques aproximadamente y casi 100 ítems [contratos permanentes con beneficios sociales]. Entonces, estamos hablando de que más de la mitad de los principales funcionarios son eventuales. Hay una situación muy crítica por el tema de los recursos financieros”, aseguró Miranda.

La directora del SERNAP, entidad que depende del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, añadió que cuando ingresó a cumplir sus funciones en diciembre de 2025 le negaron información y se perdió documentación.
Miranda también destacó que ella es fundadora de la ABOLAC y que formó a muchos de los guardaparques que ahora cumplen funciones. Además, dijo que existe un reciente convenio con la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba para aprobar una curricula para facilitar la formación de los guardaparques a través del título de técnico medio de los guardaparques y un nivel de técnico operativo con miras a proyectar la formación.
Marco Ribera, investigador de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), afirmó a Mongabay Latam que las áreas protegidas de Bolivia enfrentan tres riesgos: reducción drástica de guardaparques, una baja asignación presupuestaria y la presencia de actividades extractivistas. El experto dijo que estos problemas se traducen en limitaciones de logística para el cuidado de las reservas de todo el país.
“No funcionan los motores, no funcionan los botes, no funcionan los cuadratracks, las movilidades están parqueadas, no tienen mantenimiento, no hay gasolina, no tienen diésel, hay una serie de situaciones que limitan las actividades de control, de la gestión. Entonces, la situación es crítica y se debe hacer algo urgente”, detalló Ribera.
De acuerdo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), además de las 23 áreas protegidas de alcance nacional, hay 29 departamentales y 144 áreas municipales. También existen reservas indígenas, como el Ñembi Guasu o Loma Santa.
- Este reportaje fue publicado originalmente en el portal aliado Mongabay Latam








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