Con la idea de contrarrestar el avance de China, Estados Unidos incluyó a Bolivia en el bloque de países con los que busca alianzas para explotar minerales críticos y tierras raras.

Luego de que Bolivia fuera incluida por Estados Unidos en el bloque de países en los que el presidente Donald Trump busca explorar tierras raras y minerales críticos para la transición energética y tecnologías avanzadas, la decisión despertó alertas por los posibles impactos ambientales que implicaría la explotación de estos elementos, pero también por la afectación a pueblos indígenas que habitan zonas donde se extendería la minería.

El país sudamericano posee 31 de los 38 minerales críticos identificados para la transición energética, pero no hay planes claros para su explotación sostenible, aseguran expertos consultados.

Estados Unidos busca unir a 50 países en torno a los minerales críticos y tierras raras con la intención de contrarrestar la potencia china en este ámbito. En Bolivia, la Chiquitania, en el oriente del país, es la zona donde se presumen más tierras raras y minerales críticos, pero a la vez es donde los pueblos indígenas se pusieron en alerta frente a un posible avance sobre sus territorios.

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Los minerales críticos son elementos naturales, como metales y minerales, esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, pero cuyo suministro es escaso debido a su concentración geográfica en pocos países y la elevada demanda global. Los potenciales de Bolivia se encuentran alrededor de tres zonas: Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

Las tierras raras son 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). Se incluyen el escandio y el itrio porque aparecen frecuentemente mezclados con los lantánidos en los mismos yacimientos.

Los proyectos que ya se activaron

En Bolivia ya hay tres proyectos que ponen en alerta a pueblos indígenas y defensores ambientales en el departamento de Santa Cruz. El primero es el La Cruz Pico Suto, que está en la provincia Ñuflo de Chávez, donde los pueblos indígenas guarayo, chiquitano y ayoreo no fueron consultados, contraviniendo normativas de derechos indígenas. Además, existe preocupación por la supuesta contaminación y afectación a los bosques y recursos hídricos en la zona de influencia.

El segundo proyecto es el del Cerro Manomó, con 12 000 hectáreas para explotar. El tercer proyecto es el Rincón del Tigre. Entre los elementos que se han encontrado en estas áreas están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.

Mongabay Latam envió una solicitud de información al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer los cuidados ambientales que se realizan en estos proyectos, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió una respuesta.

Sin embargo, José Córdova, presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), empresa pública encargada de administrar la cadena productiva de la minería estatal en el país, afirmó a este medio que el Gobierno boliviano estuvo presente en marzo en la Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde existió -dijo- interés de al menos 20 empresas para explorar y explotar minerales críticos y tierras raras. El país también estuvo en Washington, en febrero pasado, en la reunión ministerial de minerales críticos impulsada por el gobierno de Donald Trump.

“Obviamente se verá todo el tema ambiental, se verá el cuidado del medioambiente en todos estos proyectos. Este tipo de nueva minería puede atraer muchos recursos para el país y la idea es generar esos recursos sin dañar el ambiente”, afirmó Córdova.

El funcionario dijo respecto al caso de Cerro Manomó que “se trata de un proyecto asociado a una formación de tipo carbonatítico, es decir, a un tipo de roca ígnea que constituye una de las principales fuentes mundiales de tierras raras ligeras, y también de niobio”. Además, del proyecto Rincón del Tigre, detalló que está “enfocado en minerales del grupo del platino, [y que] también está en fase de prospección”.

Córdova añadió que, en el caso del Rincón del Tigre, Comibol presenta un proyecto con trabajos de muestreo, perforación y análisis geoquímicos con control de calidad, “lo que muestra un proceso técnico de evaluación más allá de una identificación preliminar del área”.

En Bolivia, varios de estos metales ya son explotados por algunos actores productivos que operan en el país, algunos tienen proyectos de explotación y sobre otros no se tienen cuantificadas las reservas. Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, afirmó a Mongabay Latam que se necesita una nueva ley minera que integre a todos los actores del sector, promueva tecnologías limpias y garantice seguridad jurídica para los inversionistas. Pero que también proteja el medioambiente.

“La transición hacia una minería sostenible y competitiva es crucial para que Bolivia pueda aprovechar su potencial mineral y contribuir a la transición energética global. Esto requiere un compromiso político firme, inversiones en infraestructura, tecnología y una estrategia nacional que priorice el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades afectadas”, dijo Oporto.

Según un reporte publicado en septiembre de 2025 por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), varios países latinoamericanos ocupan un sitial en el ranking mundial de reservas probadas globales de minerales críticos. Por ejemplo, Bolivia ocupa el primer lugar en litio (21.6 %) y Chile en cobre (9 %). Argentina tiene las segundas mayores reservas de litio (20.6 %), Perú la tercera mayor de cobre (3.9 %), Brasil tiene la tercera de níquel (15.7 %) y Cuba la tercera mayor de cobalto.

Críticas de expertos y líderes indígenas

Héctor Córdova, especialista en minería de la Fundación Jubileo, indicó que Bolivia no cumple los requisitos para grandes explotación de minerales críticos y tierras raras, a pesar de que desde hace muchos años se los explotan, como el cobre, el antimonio, bismuto, wólfram, pero a escala muy pequeña en fundiciones.

“El Estado no tiene la posibilidad de hacer inversiones grandes ahora, las cooperativas tampoco y solo queda el sector privado, pero para que este se anime a invertir, tiene que venir capital de afuera. Y para que venga ese capital tiene que haber condiciones, porque si invierten y después las cooperativas [mineras, muchas de ellas irregulares] avasallan la mina, ¿quién va a venir así?”, cuestionó Córdova.

Cirila Tapendaba, presidenta de la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), afirmó a Mongabay Latam que en los territorios guarayos no se realizaron un proceso de consulta previa y que tampoco tienen información sobre los proyectos de minerales críticos y tierras raras. La dirigente pidió al Gobierno no realizar trabajos mineros en zonas indígenas.

“Nosotros, como Copbag, no tenemos información sobre los proyectos mineros que tiene el Gobierno en este tema [minerales críticos y tierras raras]. No queremos zonas afectadas como en el norte de La Paz, donde los hermanos indígenas denuncian que sus territorios están contaminados por la minería”, destacó Tapendaba.

Según Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), más de la mitad de los proyectos extractivos de minerales críticos en América Latina y el Caribe afecta de manera directa o indirecta a territorios indígenas titulados.

Además del impacto ambiental -como la pérdida de bosques y el aumento del estrés hídrico-, Vargas afirmó que la explotación de estos recursos genera riesgos sociales y culturales, entre ellos, desplazamiento forzado, fragmentación territorial, migración y debilitamiento de los sistemas de autoridad y toma de decisiones comunitarias.

Vargas explicó a Mongabay Latam que en Bolivia el área de la Chiquitania es la zona de transición a la Amazonía y que toda actividad extractiva en comunidades chiquitanas tendrá efectos en los pueblos amazónicos, que abarcan los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.

“La transición energética no puede construirse a costa de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ni mediante la devastación de sus territorios y el medioambiente. La situación que enfrentan las comunidades indígenas de las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal evidencia que, lejos de representar una salida al modelo extractivista, la llegada de proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tiende a profundizarlo. Esto genera mayores presiones sobre los territorios y nuevas violaciones a los derechos indígenas”, afirmó Vargas.

* Este informe fue publicado originalmente en el medio aliado Mongabay Latam.